Por Alexis López Tapia
Una vieja historia de “nacis”
En las elecciones
parlamentarias de 1937, el Movimiento Nacional Socialista
Chileno (MNS) obtuvo tres bancas, resultando electos los
Diputados Jorge González Von Mareés por Santiago; Fernando
Guarello Fitz–Henry, por Valparaíso y Quillota; y Gustavo Vargas
Molinare, elegido por Temuco; perdiéndose por un estrecho margen, la
candidatura de Carlos Keller Rueff por Concepción.
En materia económica, los
representantes nacistas fueron los primeros en presentar al parlamento dos
proyectos de ley, que proponían entre otros, la derogación momentánea del pago
de la deuda externa y la necesidad de gravar un impuesto progresivo a las
exportaciones de cobre: así por primera vez, se comenzó a hablar en CHILE de un
impuesto sobre nuestro principal producto de exportación, con el objetivo
explícito de llegar a la “Nacionalización” del Cobre, que el partido había
venido sosteniendo desde su creación.
En 1939, el
presidente Pedro Aguirre Cerda consultó al MNS, qué ideas tenían para
poder resolver el grave estado en que había quedado el país después del
terremoto de enero de ese año.
El Movimiento le respondió que
–con suma urgencia- debía crearse una Corporación de Desarrollo basada en un
impuesto al Cobre, particularmente considerando que se tenía la noción de que
Europa entraría en Guerra a corto plazo, y que si ello ocurría, EE.UU. no
permitiría un impuesto de esa naturaleza.
La idea tuvo un largo debate en
el Parlamento, pero finalmente, el 29 de abril de 1939, se aprobó la Ley Nº
6.434 “De Reconstrucción y Auxilio y Fomento de la Producción”: así nacía Corfo
(Corporación de Fomento) apenas cinco meses antes del inicio de la Segunda
Guerra Mundial.
Esa fue la primera vez que en CHILE
se aplicó un impuesto específico a la extracción de Cobre, no obstante, el
Estado chileno recibía muy pocos beneficios, hasta que -recién en 1951- la
firma del “Convenio de Washington” le permitió a CHILE disponer de 20 por
ciento de la producción cuprífera.
Sólo en 1955, el parlamento
comenzó a legislar sobre la producción de Cobre y se dictaron las primeras
leyes específicas sobre tributación de esta actividad, destinadas a garantizar
un ingreso mínimo al Estado. Ese mismo año fue creado el “Departamento del
Cobre”, con atribuciones de fiscalización y de participación en los mercados internacionales
del metal.
Retomando la vieja idea de los
nacistas, sólo en 1966 se inició la llamada “chilenización del cobre”, que
partió con la aprobación por parte del Congreso de la ley 16.425, que
determinaba la creación de sociedades mixtas con las empresas extranjeras, en
las cuales el Estado tendría 51 por ciento de la propiedad de los yacimientos.
Este proceso determinó la
transformación del “Departamento del Cobre” en una “Corporación del Cobre”.
Así, por primera vez, el Estado de Chile asumió un papel decisivo en la
producción y comercialización del mineral.
La participación de 51 por
ciento del Estado se concretó en los yacimientos más importantes y
emblemáticos: Chuquicamata, El Teniente y Salvador, que como resultado de este
proceso recibieron inversiones de importancia. Entre los objetivos de la
“chilenización” también se buscaba refinar todo el cobre dentro de este país y
aumentar la producción hasta un millón de toneladas.
El escenario de la industria
cambió radicalmente en julio de 1971 cuando el Congreso aprobó por unanimidad
el proyecto sobre “Nacionalización de la Gran Minería del Cobre”, promulgado en
la ley 17.450.
Para concretar este llamado
“proceso de nacionalización” fue necesario modificar el artículo 10 de la
Constitución Política del Estado de Chile, al cual se le agregó una disposición
transitoria en la cual se planteaba que “por exigirlo el interés nacional y en
ejercicio del derecho soberano e inalienable del Estado de disponer libremente
de sus riquezas y recursos naturales, se nacionalizan y declaran por tanto
incorporadas al pleno y exclusivo dominio de la Nación las empresas extranjeras
que constituyen la gran minería del cobre…”.
Los bienes y las instalaciones
de estas empresas pasaron a ser propiedad del Estado de CHILE, que –sin
embargo- creó “sociedades colectivas” para hacerse cargo de las operaciones,
coordinadas por la Corporación del Cobre de aquel entonces: de este modo, la
llamada nacionalización, en realidad operó como una “colectivización”, imitando
de algún modo el modelo de los soviets.
La nueva normativa facultó al
Gobierno chileno para que dispusiera sobre la organización, explotación y
administración de las empresas “nacionalizadas”, es decir, “colectivizadas”.
También determinó que sólo
podrían enajenarse o constituirse derechos de explotación sobre concesiones
mineras para yacimientos que no estuvieran en explotación para ese momento,
previa autorización por ley.
Como resultado de estas
atribuciones fueron dictados los decretos ley 1.349 y 1.350 publicados en 1 de
abril de 1976, que formalizaron la creación de una empresa minera, la
Corporación Nacional del Cobre de CHILE, Codelco.
LA SITUACIÓN ACTUAL
En los años 1989-1990 el aporte
de Codelco al erario Nacional se aproximó a los 2.000 millones de dólares
promedio anual.
En 1995, el Estado chileno
recibió de Codelco 1.735 millones de dólares, que correspondían al 57% del
valor total de las ventas de cobre de Codelco.
En el 2001, el Estado sólo
recibió 344 millones de dólares de Codelco. Es decir, un 80% menos que el
período anterior, a pesar que la producción de Codelco había aumentado.
En 1995 el Estado recibió de
Codelco 72 centavos de dólar por libra y en el 2001 sólo 9,4 centavos de dólar
por libra.
Sin embargo, las empresas
privadas, que controlan cerca del 70% de la producción, doblando la producción
de Codelco, sólo aportaron 100 millones de dólares anuales aproximadamente.
En el 2002, sólo
aportaron 20 millones de dólares, según declaró el Tesorero General de la
República, en el Senado de la época.
¿A qué se debió esto?
A tres factores principales.
1.
A la sobreproducción de cobre creada desde CHILE por las empresas extranjeras,
con el consiguiente derrumbe del precio internacional del mineral.
2.
A que las empresas extranjeras no pagaban renta por tonelada de cobre extraída.
3.
Debido a que la mayoría de las empresas privadas no pagan impuestos.
Confirmando los planteamientos
realizados a mediados de los 90, Chile incrementó la producción de cobre en el
período 1995-1999, en 1,9 millones de toneladas métricas de cobre fino.
Las importaciones mundiales de
los 140 países del mundo se incrementaron sólo en 1,3 millones.
CHILE cubre el 100% del
incremento de las importaciones mundiales, y adicionalmente produce un
excedente de más de 46%. El stock -cobre que no se vende- llegó a los más altos
niveles de la historia. La sobreproducción continúa hasta hoy.
El precio del cobre se derrumbó
a partir de 1995, a pesar de que la demanda mundial como promedio anual ha
crecido sustancialmente hasta ahora, -incluso durante la crisis asiática.
El precio del cobre de 1995 fue
de 133,2 centavos de dólar la libra. Durante los 30 años previos a 1995, estuvo
en torno a los 140 centavos y en los últimos años -en dólares de 1995- es menor
a 70 centavos de dólar la libra.
CHILE aumenta las cantidades
exportadas y el ingreso en dólares para el país disminuye. Se produce el
llamado “Crecimiento Empobrecedor”.
Las exportaciones se
incrementaron para llegar a 4,65 millones de TM y recibe menos que cuando
exportaba 2,41 millones de toneladas métricas [TM]. Es decir, en la práctica
esto opera como si en el año 2001 se hubiesen regalado más de 2,2 millones de
TM.
De este modo, el modelo de
explotación de cobre existente en el país logró que el cobre cada año valga
menos.
En 2005, durante el gobierno
de Ricardo Lagos, se aprobó un denominado “Royalty” a la minería,
que gravó la exportación de Cobre con un 4%, a cambio de nada menos que 12 años
de invariabilidad tributaria para las mineras: es decir, durante 12 años los
impuestos no serían modificados, y las mineras podrían explotar todo el cobre
que quisieran pagando un impuesto fijo.
En países como Australia, el
royalty aplicado a recursos no renovables alcanza un 40%. Sin embargo, las mismas mineras
australianas que explotan cobre en Chile pagan sólo un 4%.
LA ESTAFA QUE FRACASÓ Y LO QUE
DEBERÍAMOS HACER
Después del terremoto, una de
las primeras medidas adoptadas por el gobierno de Sebastián Piñera fue
un paquete de impuestos, que incluía una nueva alza del impuesto específico al
Cobre: se pretendía pasar de una recaudación de 600 millones de dólares a una
de 1.000 millones, pero… ¡a cambio de mantener la invariabilidad tributaria
hasta el año 2025! La oposición se pronunció en
contra de la medida.
Según el Gobierno, ellos no
tenían ningún argumento para oponerse, ya que –cuando eran gobierno-, fueron
los primeros en aprobar la invariabilidad tributaria para la explotación del
recurso por 12 años.
Es decir, como el Gobierno de
Lagos estafó a todo Chile por 12 años… ¡Piñera pretendía volver a estafarnos
por seis años más!
Efectivamente, porque el mal
llamado “Royalty” a la minería es apenas un mínimo tributo sobre nuestro
principal recurso de exportación NO RENOVABLE.
Si usted fuera dueño de una Minera,
y le dijeran que durante los próximos 20 años va a poder explotar todo el Cobre
que quiera, pagando sólo un 4, un 8 o incluso un 10 por ciento ¿qué haría
usted?
Por supuesto: ¡explotar la
mayor cantidad de mineral posible en ese período!
El llamado “royalty” es una
estafa, porque produce la falsa sensación de que estamos verdaderamente
cobrando un “impuesto” por nuestra principal riqueza, cuando la verdad es que
el aporte de las mineras privadas al Estado es una ínfima parte de lo que
Codelco tributa, pese a que las mineras transnacionales producen más de 70% del
cobre del país.
La verdad es que ni la
Concertación ni la Alianza tienen el valor político de hacer lo único que
debemos hacer: exactamente lo mismo que los diputados “nacistas” pidieron en ya
en los años ‘30:
¡DEBEMOS NACIONALIZAR EL COBRE!
Y a quienes quieran seguir
explotándolo, simplemente exigirles al menos un 50% de las utilidades, y punto.
Adicionalmente, debemos crear
una Bolsa de Metales propia:
¡HAY QUE DECIRLE ADIOS A LA
BOLSA DE LONDRES!
Hay que decirle ¡ya
basta! a los que durante los últimos 100 años han profitado de nuestra riqueza:
primero con el Salitre y ahora con el Cobre.
Llegará el día –más temprano
que tarde-, en que el Cobre chileno se acabará: entonces ninguno de los
cobardes que no se atrevió a hacer lo que debe hacerse, vendrá a darle
explicaciones por la miseria del país a sus hijos o sus nietos.
La responsabilidad de cambiar
esto es suya, es mía y es nuestra: de cada uno de los chilenos.
Por CHILE.
Por el Futuro.
¡HAY QUE NACIONALIZAR EL COBRE!