Por el Emboscado
En 2007-2008 estalló la crisis
financiera mundial con gravísimas consecuencias de índole social, económica,
política y militar entre otras. En esas fechas el capitalismo se desplomó
completamente con la quiebra, y en algunos casos desaparición, de infinidad de
bancos y grandes empresas. Sin embargo, fueron los Estados los que salieron al
rescate del capitalismo al reflotarlo con multimillonarias inyecciones de
dinero en forma de préstamos, subvenciones, avales, etc…, que fueron
directamente a parar a las grandes empresas y bancos afectados. En la práctica
la economía fue estatizada en su mayor parte a través de sucesivas
nacionalizaciones, y por medio de un creciente intervencionismo económico de
las diferentes empresas y agencias reguladoras estatales, lo que en la práctica
significó la transición hacia un capitalismo de Estado.
El rescate económico y financiero
del capitalismo por los Estados dejó boquiabiertos a muchos que no llegaban a
comprender, y mucho menos a explicar coherentemente, dentro de sus averiados
esquemas políticos e ideológicos por qué el Estado, con todos sus recursos,
reflotaba a empresas y bancos que estaban en la quiebra. Las razones son muy
obvias, a pesar de que toda la propaganda se empeña en presentar los hechos de
forma tergiversada. El sistema económico capitalista es tremendamente funcional
para los intereses estratégicos del Estado al proveerle de ingentes ingresos
vía impuestos, pues toda la actividad económica que genera a través de la
plusvalía, el comercio y la monetización del conjunto de las relaciones
sociales constituyen la base económica que provee al Estado de los recursos
para costear sus instrumentos de dominación, y con ello poder competir con
otros Estados por mayores cotas de poder en la esfera internacional. Prueba de
esto es que un tercio de los beneficios de las grandes corporaciones van a las
arcas del Estado, lo que explica que le interese que las empresas tengan las
mayores ganancias posibles. Asimismo, en el caso concreto de España nos
encontramos con que el pinchazo de la burbuja inmobiliaria desencadenó una
fortísima caída en los ingresos del Estado, pues la actividad económica que
producía este sector al que estaban vinculados, a su vez, otros sectores
auxiliares proveía de importantes ingresos al ente estatal. El capitalismo
lejos de debilitar al Estado lo refuerza económica y financieramente, de tal forma
que el Estado se sirve del capitalismo para conseguir sus propios intereses.
La hipertrofia estatal es un
hecho desde el momento en el que el Estado español constituye la mayor
corporación con más de 3 millones de asalariados a su cargo, lo que supone casi
el 20% de la población activa. Pero esta hipertrofia se ve agravada por el
hecho de que el sector estatal es por definición improductivo y despilfarrador
de recursos, lo que exige nuevos y mayores impuestos para su mantenimiento.
Debido a esto el Estado, vía impuestos directos e indirectos, acapara el 45%
del PIB, más que ninguna otra empresa, lo que nos da una imagen muy clara
acerca de dónde reside realmente el poder económico. Por otro lado es
importante destacar que, al menos en el caso del Estado español, la mayor parte
de sus ingresos provienen de las cotizaciones realizadas por los trabajadores a
la Seguridad Social, de la que recauda unos ingresos que constituyen el 47% de
sus presupuestos. Esto es lo que explica que el Estado esté tan interesado en
reimpulsar el capitalismo mediante inyecciones de dinero a gran escala en
empresas y bancos, pues el Estado se queda en torno a un 40% del total del
sueldo bruto de cada trabajador. Así, cuanta mayor sea la actividad económica
dentro de un sistema en el que su principio rector es la búsqueda del máximo
beneficio particular, mayores serán los ingresos del Estado derivados de las
plusvalías de los trabajadores, de los beneficios de las empresas y del
trasiego de mercancías que produce el propio comercio.
Además de todo lo anterior hay
que apuntar que los mercados, tras un período de liberalización, demostraron
ser irracionales, lo que exigió la consiguiente intervención estatal para
restablecer el capitalismo que ya en 2008 se había desmoronado. En este sentido
es muy significativa la siguiente declaración de la que fuera vicepresidenta
del gobierno del PSOE Mª Teresa Fernández de la Vega: “la mano invisible del
mercado necesita la mano visible del Estado”. Esto viene a probar una vez más
que no es posible un capitalismo sin subsidios y sin asistencia estatal, pues
como los hechos han demostrado el Estado es mucho más estable al disponer de
muchísimos más recursos que cualquier multinacional que, como hemos visto, son
débiles y susceptibles de ser barridas por alguno de los ciclos del
capitalismo. Sin subvenciones, sin determinadas regulaciones fiscales, en
definitiva, sin la acción ordenadora, en tanto que reguladora, y directora del
Estado en la economía el capitalismo no es viable, como tampoco la empresa
capitalista. Son ilustrativas las partidas presupuestarias anuales destinadas a
subvencionar la empresa privada con fondos estatales, y que todos los años se
ven reflejadas en el BOE y en los demás boletines oficiales de las comunidades
autónomas, lo que expresa con meridiana claridad no sólo los intereses
estratégicos del Estado en el ámbito económico para su control y dirección,
sino el simple y mero hecho de que la mayoría de esas empresas receptoras de
subsidios no serían viables sin ellos.
En cuanto el funcionamiento
contradictorio del capitalismo pone en peligro el sistema económico y social
que le es inherente, y con ello deja de servir a los intereses estratégicos del
Estado, es cuando este último interviene directamente, tal y como hemos
observado los últimos años, con la ampliación de su poder a escala colosal en
el conjunto de la economía a través de sucesivas nacionalizaciones de empresas
y bancos, por medio de nuevas leyes, normas y reglamentos reguladores, así como
diferentes protocolos de supervisión y control de las multinacionales y
entidades financieras. Pero esta hiperextensión del Estado tiene una factura
muy grande que se la pasa a los ciudadanos mediante nuevos y mayores impuestos,
al mismo tiempo que se llevan a cabo recortes en los presupuestos y reformas
laborales que devalúan la mano de obra.
La socialdemocracia y la
izquierda subvencionada sostienen un discurso político totalmente irrealista al
abogar por un incremento de los impuestos sobre las empresas y bancos, todos o
la inmensa mayoría de ellos en quiebra de no ser por la ayuda estatal.
Naturalmente este tipo de propuestas se inscriben en el contexto ideológico de
quienes consideran que el Estado, este Estado capitalista, desempeña una
función salvífica como redentor de la sociedad frente a las empresas, los
bancos y en general el Capital. Todo ello parte de la ingenua, y por lo demás
falsa, idea de que el Estado, de manera completamente altruista, renuncia a sus
propios intereses para salvaguardar los del conjunto de la sociedad, lo cual es
posible, siempre según ellos, mediante otro tipo de gestión de sus
instituciones que anteponga esos intereses frente a los del gran Capital.
Pero la realidad es muy tozuda
al negar todo lo anterior en la medida en que el Estado es un ente político
anterior al capitalismo, que se sirve a sí mismo antes que nada tal y como
históricamente queda demostrado en su obrar. De esta manera es imposible otra
gestión distinta de la que los sucesivos gobiernos de derechas e izquierdas
vienen realizando en el contexto general de la crisis, y prueba de ello es que
en Andalucía la izquierda gobernante está aplicando recortes y medidas
semejantes a las que el gobierno central, de derechas, lleva a cabo. Pero esto
también es extensible a Asturias como un ejemplo más de esta realidad. Lo
cierto es que la lógica que impone la razón de Estado obedece a sus intereses
definidos en términos de poder, los cuales prevalecen por encima de cualquier
gobierno de derechas o de izquierdas.
El elevado tamaño del Estado
hay que pagarlo, y cuando el capitalismo ha naufragado y el Estado lo ha ido a
rescatar la factura se hace todavía mayor en la forma de más impuestos a cambio
de menos. El Ministerio de Hacienda, la Agencia Tributaria, el Banco de España
(de capital estatal y con amplios poderes de supervisión y regulación aunque
supeditado al BCE), el ICO con participación en multitud de empresas del
capitalismo privado, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión
Nacional de la Competencia, el FROB, y tantos otros organismos estatales son
los que ejercen el poder real sobre la economía con sus regulaciones,
supervisiones y toda clase de normativas que hacen de ella un instrumento al
servicio del poder de poderes encarnado por el Estado. El capitalismo es de
Estado porque sin él no puede existir ni sobrevivir, lo que le permite
profundizar su dominio sobre las personas.
Pero el poder económico del
Estado no sólo ha aumentado a nivel interno con un control sobre las personas
nunca antes conocido, sino que a nivel internacional su presencia se ha hecho
todavía mayor a través de un creciente y cada vez más virulento imperialismo en
el que las instituciones supranacionales, lejos de ser organismos neutrales,
son su más viva expresión al operar como instrumentos al servicio de los
intereses estratégicos de estas potencias. Así comprobamos cómo la UE, el BCE,
etc., son herramientas del imperialismo del gobierno alemán para la consecución
de mayores cotas poder en la esfera internacional con la extensión de su
influencia a lo largo del continente europeo y del mundo.
La pertenencia del Estado español a estas instituciones es lo que ha facilitado que en la actualidad esté directamente supeditado, política y económicamente, a las directrices del gobierno alemán al ser los principales bancos alemanes, ahora de propiedad estatal tras la inyección de más de 500.000 millones de euros gubernamentales, los mayores tenedores de deuda soberana española. Vemos cómo el imperialismo es la máxima expresión del poder estatal al adquirir unas dimensiones colosales a través de las instituciones supranacionales, con lo que dicho poder ya no sólo se ejerce sobre los nacionales propios sino también sobre otros pueblos a los que se vampiriza, subyuga y desintegra al modo de cómo ocurre en Grecia. Por esta razón hablar hoy de desregulaciones, retroceso del Estado, de liberalización económica, etc., carece de completo sentido cuando los hechos demuestran que estamos completamente inmersos en un proceso de capitalismo de Estado a todo tren.
La pertenencia del Estado español a estas instituciones es lo que ha facilitado que en la actualidad esté directamente supeditado, política y económicamente, a las directrices del gobierno alemán al ser los principales bancos alemanes, ahora de propiedad estatal tras la inyección de más de 500.000 millones de euros gubernamentales, los mayores tenedores de deuda soberana española. Vemos cómo el imperialismo es la máxima expresión del poder estatal al adquirir unas dimensiones colosales a través de las instituciones supranacionales, con lo que dicho poder ya no sólo se ejerce sobre los nacionales propios sino también sobre otros pueblos a los que se vampiriza, subyuga y desintegra al modo de cómo ocurre en Grecia. Por esta razón hablar hoy de desregulaciones, retroceso del Estado, de liberalización económica, etc., carece de completo sentido cuando los hechos demuestran que estamos completamente inmersos en un proceso de capitalismo de Estado a todo tren.
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