Por el Emboscado
Como una primera aproximación a
la definición de la desobediencia civil, podríamos decir que esta se trata de
una acción política dirigida al sentido de justicia de la mayoría, con el fin
de instarla a reconsiderar las medidas que son objeto de protesta.
Por regla general la desobediencia
civil constituye un acto público, no violento y hecho en conciencia, el cual es
contrario a la ley y llevado a cabo con la intención de dar lugar un cambio en
las políticas o leyes del gobierno, por este motivo la desobediencia civil es
considerada un acto político, además de ser un acto justificado por unos
principios morales que definen una concepción de la sociedad civil y del bien
público. Por esto mismo, la desobediencia civil descansa en una convicción
política y no propiamente en la búsqueda del propio interés o del interés de un
determinado grupo.
Otro de los rasgos
característicos de la desobediencia civil es la aceptación del arresto y
castigo que ocasionan, siendo esperados y aceptados sin resistencia. Así es
como se manifiesta un respeto por los procedimientos legales, expresando
desobediencia a la ley pero dentro de unos límites, lo cual ayuda a demostrar a
los ojos del resto de la sociedad el carácter sincero de la misma, por lo que
intenta dirigirse a su sentido de la justicia. Se asume de esta manera que se
tiene que pagar un precio por demostrar que se cree en las propias acciones, y
que estas tienen como base moral las convicciones de la comunidad.
La justificación de la
desobediencia civil en los regímenes democráticos viene dado por una serie de
condiciones: apelaciones políticas a la mayoría que han sido rechazadas, y
utilización de los medios institucionales corrientes para hacer llegar al poder
político las demandas y reivindicaciones. Esto se produce cuando los partidos
políticos son indiferentes a las pretensiones de la minoría, y cuando los
intentos de revocar leyes que son objeto de propuesta han topado con la
represión. Así, la desobediencia civil es el último recurso cuando han fallado
los procesos democráticos habituales.
La desobediencia civil es
también un acto deliberado dirigido al sentido de justicia de la sociedad, por
lo que en un plano moral su llevada a cabo está condicionada por las
violaciones substanciales y claras de la justicia, como cuando se trasgrede
el principio de igual libertad que todo régimen democrático debe garantizar, o
el principio de libre acceso a cargos que protege la igualdad real de
oportunidades. Estas situaciones significan justificaciones en el plano moral
de la desobediencia civil, ya que su base descansa en los principios de la
justicia, por lo que se apela a estos principios contra una legislación
injusta.
Vemos de esta manera, qué es lo
que confiere una legitimidad moral de cara a emprender la desobediencia civil:
cuando se es objeto de una injusticia más o menos deliberada a lo largo de un
prolongado espacio de tiempo a pesar de las protestas políticas habituales;
cuando la injusticia se plasma en una violación de las libertades de igual
ciudadanía propio de todo régimen democrático; y cuando la disposición general
a protestar tenga consecuencias aceptables. Son este conjunto de condiciones
las que pueden justificar, dentro de un sistema democrático, la llevada a cabo
de desobediencia civil.
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